JOVENES EN ACCION

Con el objetivo de disminuir la pobreza, el Gobierno emprende un ambicioso proyecto que pretende vincular al sector privado en el desarrollo y patrocinio de programas educativos para los jóvenes de Familias en Acción.

El diagnóstico es aterrador: el 27 por ciento de los muchachos pobres, de los estratos 1 y 2, ni estudia, ni trabaja, ni busca empleo. A esto se agrega que el desempleo en todo el país entre los jóvenes de 14 a 26 años fue de 19,4 por ciento en marzo-mayo.

Muchos de los jóvenes pobres que terminan el bachillerato no siguen estudiando y, dice el director del Departamento de la Prosperidad Social (DPS), Bruce Mac Master, caen en una situación que es el caldo de cultivo para el pandillismo, el microtráfico, las bacrim y el embarazo adolescente, uno de los problemas más sensibles en Colombia y que se concentra, precisamente, en ese grupo.

Apoyar a esos muchachos mediante la entrega de subsidios para que continúen estudiando es el foco del programa Jóvenes en Acción, lanzado por el Gobierno el jueves pasado en Cali, dijo Mac Master.

¿En qué consiste?

Durante dos años, el Gobierno les entregará alrededor de 200.000 pesos mensuales a 120.000 jóvenes bachilleres del programa Familias en Acción para que estudien, gratuitamente, una carrera y apartarlos del camino de la pobreza y la informalidad laboral.

Se trata de unas transferencias condicionadas hacia la formación para el trabajo y el mejoramiento de sus condiciones de vida.

¿Esa es la cobertura del programa?

Cada año se gradúan 140.000 muchachos.

Lo que estamos haciendo es montar un programa que, por ahora, cubre a aquellos que hemos venido apoyando desde Familias en Acción, a quienes, cuando apenas nacieron, les dimos el subsidio de nutrición y alimentación a la madre, que cuando entraron al colegio les dimos el subsidio de educación y el apoyo para que terminaran el grado 11.

¿El apoyo, entonces, es para 120.000 jóvenes?

El programa comenzará en el 2013 con 120.000 jóvenes. En el segundo año de su vigencia, en el 2014, la iniciativa cubrirá simultáneamente a 240.000 estudiantes.

En general, quienes logran terminar el bachillerato y no pueden o no quieren seguir estudiando, se sienten atraídos por la informalidad laboral, que es la mayor competencia que tenemos para tratar de convencerlos de que sigan estudiando.

¿Del subsidio que les den tendrán que pagar el estudio?

No, ese dinero va a ser adicional al estudio que se brindará, en principio, con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

¿Dónde se emplearán cuando terminen de estudiar?

Vamos a hacer un trabajo grande con el sector privado y las regiones, entendiendo qué recurso humano requiere cada región para su plan de desarrollo.

Es decir, es necesario preparar a la gente en cosas pertinentes que le permitan conseguir empleo. Esto es un pacto, porque vamos a tener una conversación permanente.

¿De qué exactamente hablará con los empresarios?

En la siguiente fase del programa, que todavía estamos implementando, y en dos o tres meses la terminaremos, nos sentaremos con empresarios que tengan interés en formación de mano de obra en temas especiales.

Por ejemplo: voy a hablar con los petroleros para saber en qué vamos a formar a la gente en Puerto Gaitán; con los de la palma, en el Magdalena Medio, etc. Incluso, voy a invitar al sector privado a que pague la formación.

¿Además de lo que ya las empresas aportan al Sena?

Claro, pero hay dos o tres cosas que me preocupan, sitios donde no tenemos suficientes cupos en el Sena.

También queremos generar una actividad en términos de formación de capacidades en el agro, queremos que Colombia entienda su vocación agrícola y que los muchachos se formen en sus regiones en el tema.

FORMALIZACIÓN LABORAL: UNO DE LOS IMPACTOS DE ESTE PROGRAMA

Uno de los objetivos más ambiciosos del proyecto es que estos programas educativos contribuyan a disminuir las altas tasas de informalidad que hoy caracterizan el mercado laboral colombiano.

“Cuando esos muchachos entran al mercado laboral, casi siempre se colocan en un empleo precario, supremamente informal y mal pago, y es una gran pena para nuestra economía”, sostiene Mac Master.

De esta manera, se espera que el programa tenga un impacto transversal en la economía colombiana.

“Si logramos retirar esa oferta (de 120.000 cada año) del mercado de trabajo, este tendrá que formalizarse porque deberán pagar a los más adultos lo que deben por su trabajo. Creo que tiene muchas virtudes”, señala el funcionario.

Jorge Correa C.

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